Una revisión a los contratos y condiciones de uso de los principales servicios de telecomunicaciones que ofrecen ETECSA y otros proveedores de servicios de internet subordinados al Ministerio de Comunicaciones muestra que muchos contienen cláusulas que pueden ser usadas para restringir el acceso a quienes los emplearan con fines opuestos a los intereses del gobierno y del PCC.
Acceder a Internet, tener una línea de celular, alojar sitios web en servidores nacionales o ser titular de una red privada de datos son algunos de los servicios de telecomunicaciones a los que los ciudadanos en Cuba solo pueden acceder firmando contratos que permitirían suspenderles el acceso si el proveedor determina que su uso es inadecuado.
Esos acuerdos incluyen cláusulas de protección de conceptos vagos como “moralidad pública”, “orden público”, “la ética, moral y buenas costumbres” que, al quedar a la interpretación de organizaciones monopólicas como la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA), pueden funcionar como instrumentos de control de la libertad de expresión y el acceso a la información de los clientes.
Esta publicación enlista algunos servicios cuyas condiciones de uso contienen términos que directa o indirectamente limitan los derechos de sus usuarios.
Telefonía celular
ETECSA puede bloquear una línea celular o incluso terminar el contrato si considera que el cliente ha usado inadecuadamente el servicio para atentar “contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado”. Antes de 2015, el contrato ni siquiera explicaba qué podía ser considerado como “uso inadecuado”, algo que en una nueva versión adoptada ese año pasó a definirse como esta tríada de objetos protegidos, que siguen siendo vagos. Cuando ETECSA penaliza a un cliente por este tipo de violación, el contrato estipula que la empresa no está obligada a revertir la suspensión y “se atribuye el derecho de análisis ante cada caso y decisión al respecto”.
Cuentas Nauta, Salas de navegación y Wi-Fi en espacios públicos
Para abrir una cuenta Nauta permanente ([email protected]) y conectarse a Internet ―ya sea desde zonas públicas Wi-Fi o en salas de navegación estatales― se debe firmar un contrato que obliga a no usar el servicio para realizar acciones que ETECSA considere “dañinas o perjudiciales para la seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la soberanía nacional”.
La empresa también puede denegar el acceso a la cuenta Nauta de forma inmediata a clientes que violen “las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano”. La obligación de que los ciudadanos utilicen los servicios “de acuerdo a los principios ético-morales regulados en la legislación vigente” también aparece en las “Condiciones de uso” del Portal Nauta.
La Resolución No. 197 de 2013, que aprobó el acceso a internet para personas naturales a través de Nauta y estableció las condiciones generales del servicio por medio de cuentas permanentes, advierte que se suspenderá a quienes dañen “la seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la soberanía nacional”.
Para navegar en Internet mediante cuentas Nauta, los usuarios tienen dos opciones: crearse una cuenta permanente bajo el dominio @nauta.cu y firmar un contrato con ETECSA; o comprar una tarjeta con saldo no recargable y acceder desde una cuenta temporal sin necesidad de firmar un contrato. En ambas modalidades el usuario está obligado a cumplir las «Condiciones de uso» del portal que exige el empleo “ético-moral” del servicio.
Estas cuentas Nauta son también la única vía de acceso a la red WIFI_ETECSA, creada en 2015 y que posibilitó la conexión en espacios públicos a través de redes inalámbricas para la población. Bajo esta modalidad, el cliente también debe cumplir las “Condiciones de uso” del portal Nauta relativas a “los principios ético-morales sin perjuicio para la seguridad pública, la integridad, la economía y la independencia nacional”.
Salas de navegación en los Joven Club de Computación y Electrónica
En las salas de navegación de los Joven Club de Computación y Electrónica, donde los clientes pueden conectarse a internet a través del portal Nauta desde 2014, está prohibido utilizar sus recursos para “promover, participar o encubrir acciones lesivas a Joven Club, a la moral y a la buena conducta, o cualquier otra institución, así como al Estado, la Patria y al Socialismo”, según lo dispuesto en los Derechos y deberes que publica el sitio web de esta institución. El mismo documento establece que a los infractores se les prohibirá el acceso a la instalación.
Estas regulaciones también controlan la navegación de quienes tienen redes locales de acceso Wi-Fi conectadas a los Joven Club a través de su red inalámbrica TinoRed y acceden desde sus hogares a los servicios de estos centros, mecanismo implementado por las resoluciones 98 y 99 de 2019 del Ministerio de Comunicaciones sobre el espectro radioeléctrico.
Nauta Hogar
El acceso a internet desde las casas mediante Nauta Hogar —nombre del servicio de conexión ADSL que comercializa ETECSA desde 2017 para el sector residencial— puede ser suspendido si el cliente comete actos que, según la apreciación de ETECSA, hayan atentado «contra la independencia y la soberanía nacional de la República de Cuba o de otros Estados.»
El documento también contiene un anexo donde se reciclan estas mismas obligaciones que, de ser violadas, implican la terminación o suspensión del servicio. ETECSA también puede cortar la conexión si determina que el usuario ha violado las “normas de comportamiento ético”. Estas deberían estar “disponibles para ser consultadas por el cliente en la ventana de autenticación”, pero no ocurre así. Solo aparecen las “Condiciones de uso” del portal Nauta.
Nombres de dominio .cu
Las solicitudes de inscripción de dominios .cu pueden ser rechazadas si incluyen “términos o expresiones que resulten dañinos o perjudiciales para la seguridad pública, la integridad, la ética, la moral y las buenas costumbres, la economía, la independencia y la soberanía nacional”, según la última modificación de las Normas del Centro Cubano de Información de Red, CUBANIC, que regulan el otorgamiento de nombres de dominio. Los dominios existentes también pueden ser revocados “si con el registro o utilización del nombre se pone en peligro el orden público, la moral, la integridad de las personas, las buenas costumbres, la seguridad nacional o la legalidad socialista”. La ampliación de estas limitantes coincide con la aprobación de que los ciudadanos comunes puedan solicitar a partir de 2022 dominios de primer nivel .cu.
Alojamiento de sitios web y Servidores Privados Virtuales
El Servicio de hospedaje de sitios web de ETECSA, que permite a los cliente alojar y administrar sus páginas, sitios propios o cualquier contenido accesible en Internet, exige que los contenidos “no atenten contra la moral, el orden público y las buenas costumbres”, además de no contradecir “ninguna disposición de ley o acto gubernamental”.
Tampoco es posible hospedar un sitio con contenido periodístico, “publicaciones que constituyan medios de prensa, servicios públicos de correo electrónico, llamadas telefónicas, servicio de SMS, salas de chat, u otros similares”.
Hospedar “sitios web cuya función sea la de un medio u órgano de prensa” también está restringido para los usuarios que opten por el arrendamiento de un servidor privado virtual (VPS), servicio que comenzó en enero de 2021 para personas naturales residentes en Cuba “interesadas en alojar y administrar sus páginas web o contenidos de su interés, desarrolladores de software y aplicaciones”.
La ampliación de las restricciones para el hospedaje de sitios web apareció en el Decreto-Ley 370 de 2019, que prohíbe alojar un sitio en servidores extranjeros “que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”. Esta prohibición coincide con la autorización de hospedar sitios web para ciudadanos cubanos.
Según la regulación, a los infractores de esta regla “se le impone una multa de mil pesos ($1.000 CUP)” (Art 69). Aunque el Ministerio de las Comunicaciones aclaró que, en el caso de las personas naturales, “se refiere a las plataformas y aplicaciones nacionales de servicios que se ofrecen en Internet y de uso por los ciudadanos, no se refiere a blogs, sitios personales o informativos”, esta salvedad no está claramente incluida en el Decreto-Ley 370.
Asimismo, esta normativa establece en su artículo 71 que además de multas, se pueden hacer decomisos. Amparadas en esta regulación, las autoridades pueden, por ejemplo, confiscar laptops, celulares o cualquier medio de trabajo a periodistas independientes o blogueros residentes en Cuba que administren medios de prensa o los alojen en servidores extranjeros.
Existe además un “Reglamento del proveedor de servicios públicos de alojamiento y de hospedaje en el entorno de internet” que estipula que el proveedor ―ETECSA en este caso― está obligado a informar a las autoridades y actuar para evitar o poner fin a actividades que violen los principios de “salvaguarda del orden público y la defensa del país”. Además, si ETECSA detecta que un cliente publica en sus sitios información que según sus criterios atenta contra la moral, puede poner fin al servicio.
Antes del 2019, solo el sector empresarial tenía la posibilidad de contratar el Hospedaje de sitios web y en el caso de los blogs solo existía la Plataforma Reflejos de los Joven Club de Computación y Electrónica como servicio de hospedaje; la cual prohíbe publicar “contenido contrarrevolucionario”, así como “denigrar la obra de la Revolución”.
Redes comunitarias y Redes privadas
Los titulares de redes privadas de datos ―nombre con el que el Estado llamó a las redes comunitarias que conectan a varios usuarios de una o varias localidades geográficas a través de enlaces de telecomunicaciones― deben cumplir las regulaciones legales sobre “programas y contenidos que puedan afectar la integridad y seguridad del país, así como información contraria al interés social, la moral y las buenas costumbres”, según las Resoluciones 98 y 99 que regulan el uso de conexiones alámbricas e inalámbricas entre ciudadanos sin que medie ETECSA.
El incumplimiento de las actuales regulaciones implica la invalidación temporal o cancelación de las licencias para operar estas redes o de los servicios y contratos suscritos con el proveedor de Internet; así como el decomiso de medios, instrumentos y equipamientos.
Además, las personas naturales titulares de redes privadas no pueden exceder la potencia máxima de emisión hasta 100 miliwatt y el uso de transmisores solo es permitido a personas jurídicas. Esto significa que los usuarios con redes dentro de sus hogares no requieren autorización siempre que estas sean sin fines de lucro y no excedan los 100 miliwatt, de lo contrario, deben solicitar una licencia de operación.
Estas restricciones implicaron el desmantelamiento de redes comunitarias como sNet ―que interconectó a miles de cubanos―, si sus dueños no solicitaban los permisos establecidos. Las personas naturales que quieran conectar sus redes vía Wi-Fi a la infraestructura de ETECSA deben solicitar la misma licencia.
Contratos de telecomunicaciones
En un país donde existe una sola compañía de telecomunicaciones —y donde el resto de los proveedores de servicios de internet para grandes sectores de la población, como Correos de Cuba o Joven Club de Computación y Electrónica, son instituciones supeditadas al Ministerio de Comunicaciones—, los ciudadanos no tienen alternativas para acceder a internet fuera de estos términos, diseñados para proteger los intereses de un sistema político específico («la legalidad socialista», «el Socialismo»), para controlar el espacio público según criterios gubernamentales y partidistas de lo que considera amenazante del «orden público» y la «seguridad del Estado», o para sancionar cualquier otro comportamiento inconveniente incluible en la ambigüedad de las afrentas contra «la moral» y «las buenas costumbres».
Con la aprobación del Decreto Ley 35 en 2021, la normativa de telecomunicaciones de más alto nivel en el país, que exige a los operadores y proveedores de Internet implementar medidas para minimizar riesgos asociados al empleo de sus redes y servicios, o interrumpirlos, cuando estos afecten “la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público”, se garantiza la permanencia de estas restricciones para todos los servicios actuales y para los que en el futuro pueda proveer cualquier compañía o institución a la que el Ministerio de Comunicaciones conceda una licencia.
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